La participación comunitaria, y por ende, la autogestión escolar se inició en escenarios rurales, zonas generalmente excluidas, marginadas y afectadas por los conflictos bélicos; en este contexto, los padres y madres de familia frente a la exclusión de los sistemas educativos tomaron iniciativas empíricas para ofrecer a sus hijos(as) mínimos de alfabetización, y así contrataron a personas que sabían leer y escribir para que transmitieran estas reducidas habilidades y destrezas, y así poder enfrentar algunos desafíos; en el fondo, las comunidades estaban concientes del valor de la lecto-escritura para el desarrollo y futuro inmediato de los niños y niñas. Más tarde los Ministerios de Educación descubrieron el potencial de estas experiencias empíricas, las analizaron y posteriormente las institucionalizaron como programas rurales que podían ser instrumentos para mitigar la pobreza en las zonas más vulnerables, abriendo espacios educativos sobre la plataforma de la comunidad y así ampliar la cobertura. El primer programa en la región centroamericana fue EDUCO (Educación con Participación, 1991) en El Salvador, luego PRONADE (Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo) en Guatemala, y finalmente PROHECO (Programa Hondureño de Educación Comunitaria) en Honduras3; los tres programas poseen, al menos, cuatro vertientes comunes: a) están insertados en el área rural; b) amplían la cobertura del sistema educativo nacional; c) se propicia la participación comunitaria; y d) descentralización administrativa y de factores técnicos-pedagógicos Los testimonios, satisfacciones e intangibles de estos programas constituyen un importante acervo de cara al gran reto de los países en vías de desarrollo; ciertamente EDUCO, PRONADE y PROHECO son bastiones para posibilitar mejores niveles de vida y más democracia en las zonas rurales. Paradójicamente, muchos entidades y gremiales de preocupación social han creído que por medio de estos programas se iniciaría la “privatización” de los servicios educativos, en tanto que las comunidades asumirían un rol administrativo, antes centralizado, en los Ministerios de Educación, sin embargo lejos de privatizar se le ha “delegado” a las comunidades la potestad de diseñar y dirigir su propio destino, lo cual, ante estos escenarios excluidos y rurales, constituye la más vehemente experiencia democrática y social. A una década de experiencias y ajustes estos programas apuntan y apuestan a nuevos horizontes: búsqueda de calidad, democratización, ciudadanización, ampliación de niveles hacia educación media, etc. Se trata de nuevos retos para enriquecer la participación comunitaria y la autogestión escolar, y elevarla a niveles más sofisticados pero necesarios frente a las exigencias de una sociedad competitiva, global, y sobre todo enmarcada en los aprendizajes, el conocimiento y las nuevas tecnologías, aspectos que no pueden estar ausentes en las comunidades rurales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario